Los procesos electorales son un factor clave en el origen y la mantención de las democracias representativas. Vallès y Bosch definen sistema electoral como “el conjunto de elementos normativos y sociopolíticos que configura el proceso de designación de titulares de poder, cuando este  proceso se basa en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad política”[1].

En Chile, el contexto histórico del cual surge la ley que establece el sistema electoral tiene gran importancia, pues a través de él se pueden identificar los motivos que impulsaron su creación y así encontrar una justificación en la mantención de este sistema por lo menos en los primeros años desde que volvió la democracia al país.

Chile es un país con una larga tradición democrática que se vio interrumpida el 11 de septiembre de 1973, cuando, en el contexto de una gran crisis económica, política y social, se produce un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas.

Este acontecimiento produce una serie de graves consecuencias para la nación, siendo las principales en relación a este artículo: un gran quiebre institucional, una fuerte división entre quienes apoyaban al Presidente Allende y quienes seguían a sus opositores, y una fuerte represión que incluyó el exilio, la tortura, el asesinato y la desaparición de los detractores del régimen militar por parte organismos de gobierno. Durante la dictadura, además, se eliminaron el Congreso Nacional y los partidos políticos y se limitó la libertad de expresión y el derecho a reunión y a asociación.[2]

En pleno gobierno militar y como una forma de intentar legitimar el régimen, en 1980 se convoca a la población a participar en un plebiscito para aprobar una nueva constitución. Este acto eleccionario se celebró bajo una fuerte propaganda estatal, sin un registro adecuado de los votantes y sin una opción alternativa real. El resultado de esta elección supuso un éxito para el régimen militar, ya que se aprobó por una mayoría superior al 70% de la población. Sin embargo, la oposición al régimen y la opinión internacional cuestionaron la validez de este referéndum debido a que fue celebrado en condiciones que no garantizaban la transparencia de su resultado.[3]

El texto constitucional fue redactado por una serie de juristas pro régimen y aprobado por la junta militar, por lo que no fue fruto de una visión de país amplia sino que representó sólo a la posición de los que gobernaban y sus adeptos.[4] Por ello hay en la actualidad algunos sectores políticos que plantean la necesidad de convocar una asamblea constituyente para crear una nueva constitución.

En este marco legal se estableció que el año 1988 la junta militar tenía que nominar a un candidato, para que la población decidiese, vía plebiscito, la continuidad del régimen. En caso de ganar las elecciones, el candidato de la junta se mantendría como presidente de la república hasta 1997. Además, se conformaría un parlamento mediante elecciones populares de diputados y senadores, con lo cual  el poder legislativo ya no estaría en manos de la junta de gobierno sino del congreso. En caso de ser derrotado el candidato de la junta, se realizarían elecciones presidenciales y parlamentarias a fines de 1989, lo que efectivamente sucedió: el resultado del referéndum significó la derrota de Augusto Pinochet y como consecuencia la vuelta a la democracia en el país luego del triunfo del sector opositor en las elecciones presidenciales y parlamentarias.[5]

En julio de 1989 se llevó a cabo un nuevo plebiscito, que buscaba crear un marco legal más acorde con el nuevo régimen democrático. Este referéndum fue aprobado por una alta mayoría, pues fue propiciado por todos los sectores políticos debido a que incluía una serie de leyes y modificaciones que eliminaban gran cantidad de disposiciones que eran manifiestamente antidemocráticas.

El sistema electoral vigente en Chile tiene directa relación con este último suceso, ya que en el paquete de reformas aprobadas se incluyó la disminución de los senadores designados[6]. Dada esta situación, el gobierno militar, meses antes de entregar el poder, promulgó una ley orgánica constitucional que modificaba el sistema electoral, para poder mantener los equilibrios entre el bloque oficialista y el opositor.[7]

De acuerdo al sistema electoral, el Presidente de la República se elige por votación directa y mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Si se presentan más de dos candidatos y ninguno obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos, se procedería a una segunda votación, ahora entre los candidatos con las dos más altas mayorías relativas, donde sería elegido quien tuviera el mayor número de sufragios.

En cuanto a elecciones de parlamentarios, se eligen dos representantes por cada distrito o circunscripción, y cada lista partidaria debe presentar un máximo de dos candidatos. Esta característica es la que le da el carácter de binominal al sistema electoral chileno: para determinar quiénes son elegidos (suponiendo que todas las listas presentan dos candidatos) se suman primero los votos totales obtenidos por cada lista, y si la primera lista ganadora tiene más que el doble de los votos de la segunda, elige a los dos representantes; si los votos de la primera lista ganadora no duplican el total de la segunda, ésta elige sólo a uno de sus candidatos (el que obtenga más votos) y la segunda lista elige al que haya sido más votado entre los suyos.

Con este sistema, la segunda lista puede elegir a la mitad de los representantes con una minoría de la votación, minoría que tendría que equivaler a un poco más de un tercio si se presentaran dos listas, pero que podría ser menos dependiendo del número de listas que se presenten y de la distribución de los votos entre ellas.

En el ámbito comunal, por otro lado, se eligen dos autoridades mediante votación popular: los alcaldes, elegidos por mayoría simple, y los concejales, por un sistema proporcional. Sobre la elección de estos últimos existen también algunas diferencias en cuanto al sistema implementado, pero dado el bajo nivel de atribuciones que tienen[8] y considerando que en este caso el nivel de representatividad es mayor[9], este trabajo se centrará en el mecanismo electoral para conformar el Congreso Nacional.

En cuanto al sistema de votación, la ley señala que tienen derecho a voto todos  los ciudadanos chilenos y extranjeros mayores de 18 años, inscritos en los registros electorales.[10] Además, se establece que el voto debe ser secreto y que el acto debe ser realizado sin presión. Todos aquéllos que cumplen estas condiciones deben votar de manera obligatoria (la inscripción en el registro electoral es voluntaria), y en caso contrario son sancionados de acuerdo a lo dispuesto por la ley[11]. Aunque este aspecto no forma parte del marco legal que regula el sistema electoral, es un aspecto muy relevante para todo lo que conforma el proceso electoral. Por lo demás, como se verá más adelante, el sistema de votación también es un punto en el cual no existe concordancia en la clase política y que se relaciona con la representatividad que tiene el sistema democrático chileno en la actualidad.

El Congreso chileno está compuesto por dos cámaras.[12] En primer lugar, la cámara baja está compuesta por 120 diputados que representan a los 60 distritos en los que está dividido el país, su cargo dura cuatro años y pueden ser reelegidos de manera indefinida. La ley establece como requisito para ser diputado, ser ciudadano con derecho a sufragio[13], tener cumplidos 21 años de edad,  haber cursado Enseñanza Media y tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años.[14] Sus funciones principales son legislar, representar y fiscalizar.[15] La cámara alta, por su parte, la conforman 38 senadores, representantes de las 19 circunscripciones senatoriales del país. Su cargo dura ocho años, se renuevan alternadamente cada cuatro y pueden ser reelegidos indefinidamente. Para ser senador, hay exigencias similares a las que se establecen para ser elegido diputado, pero para ser senador se deben tener cumplidos 35 años el día de la elección, y en que no es condición el lugar de residencia del senador.[16] Sus principales funciones son la formación de las leyes y a la aprobación de los tratados internacionales.[17]

Revisado el contexto histórico en el que surge la actual Constitución chilena y el sistema binominal, es más fácil entender el desarrollo que han tenido el proceso democrático chileno y en concreto analizar el modelo electoral vigente. También se puede ver con claridad, que hay antecedentes suficientes para señalar que el origen del sistema carece de legitimidad, al ser obra de un gobierno impuesto mediante la acción coercitiva.  

Autores como John Carey señalan que el actual sistema electoral chileno otorga beneficios importantes, como la gobernabilidad, la formación de grandes coaliciones y la estabilidad.[18] El primero se explica en función de que, dada la existencia de un régimen presidencial combinado con la existencia de un sistema de partidos pluralista, es necesario, para poder llevar adelante un programa de gobierno, que el presidente no sólo tenga el apoyo de un partido político sino de una coalición de partidos que le permita generar las mayorías necesarias para aprobar sus proyectos. El segundo beneficio señalado tiene directa relación con el primero, ya que es imposible lograr una mayoría en el actual sistema si no se actúa en bloque, dado el comportamiento histórico del electorado chileno desde el plebiscito de 1988 y en función de que sólo se eligen dos candidatos por circunscripción o distrito. Por último, es frecuente que se justifique el sistema por la estabilidad que genera; si bien esto se debe principalmente al sistema electoral (en la práctica el resultado tiende siempre a ser un empate, por lo que el bloque de gobierno se ve obligado a negociar con la oposición, lo que le impide hacer grandes cambios), también es cierto que los altos quórums necesarios para modificar determinadas leyes han sido un factor que ha influido en gran parte en esto.

Compartiendo la opinión de estos autores al respecto, y añadiendo además que fue un gran aporte en el proceso de transición a la democracia, considero que es un deber de la clase política llegar a un consenso para modificar el sistema actual, de manera que el resultado que se obtenga del proceso electoral sea más representativo.

El contexto histórico en el cual fue creado este mecanismo electoral explica de buena manera el que se haya generado un modelo que se sustentara en la gobernabilidad y la estabilidad: se debe considerar que en aquellos años el gobierno militar entregaba el poder a quienes habían sido sus adversarios políticos durante todo su mandato. Además, el que no se haya forjado una disputa fuerte por modificar el sistema con anterioridad, responde en gran parte a que el objetivo principal de los dos primeros gobiernos democráticos fue consolidar la democracia como sistema político, para lo cual eran fundamentales la estabilidad, la gobernabilidad y recomponer las confianzas entre el mundo cívico y el militar.

            Transcurridos 19 años desde el retorno de la democracia, se hace prioritario que se avance en una profundización de la misma. Teniendo una institucionalidad fuerte y un proceso político consolidado, ya no existen elementos que justifiquen mantener un sistema que presenta deficiencias en lo que se refiere a representatividad.

            Una de las principales falencias del sistema binominal es su falta de representatividad, debido a que sólo permite la elección de dos candidatos por distrito o circunscripción. Esto produce que terceras fuerzas políticas queden sin representación parlamentaria porque no son capaces de superar en votación a las dos principales coaliciones del país, aun teniendo altas cifras de votación nacional o distrital.[19]

Esta falta de representación se traduce en que tanto el bloque oficialista como el opositor obtienen una sobrerrepresentación parlamentaria. A modo de ejemplo, se puede observar en los datos presentados en la tabla n° 1, cómo se da este fenómeno en los resultados de las últimas dos votaciones de diputados. Esta situación provoca que la voluntad de los ciudadanos no se manifieste de una manera correcta, pues ambos sectores estarían teniendo cuotas de poder que no les fueros delegadas por los electores.

Tabla n°1 [20]

La falta de representación puede tener consecuencias que sobrepasan el marco de  lo político, ya que terceras fuerzas, al no tener oportunidades de expresión parlamentaria, pueden desarrollar con el tiempo conductas que atenten contra el orden público como una forma de ejercer su poder.[21]

Sobre la representatividad, hay autores que consideran que la representación es un signo de la degeneración del estado y que el derecho soberano debe ejercerse en las asambleas públicas. Rousseau, por ejemplo, argumenta que la soberanía no puede ser enajenada y que por este motivo no puede ser representada. De acuerdo con José Rubio, él es un defensor de la democracia directa personal, ya que considera que la soberanía se legitima cuando las personas ejercen su derecho de participación e intervención en la vida pública, la que a su vez es un deber irrenunciable.[22]

El sistema democrático representativo consiste en que mediante un proceso electoral, los ciudadanos delegan sus facultades políticas en otros ciudadanos. Este proceso  debe procurar que el conjunto de delegados reproduzca como colectivo los rasgos que caracterizan el conjunto de los ciudadanos, ya sea en el ámbito de tendencia ideológico y partidaria, como también en lo que respecta su composición.[23]

 Para Vallès y Bosch, la emisión del sufragio por parte de los electores es “un acto de confianza sobre la idoneidad de la democracia representativa para la gestión de sus asuntos colectivos. Expresando esta confianza en el sistema, lo legitiman y asumen sus consecuencias”[24]. La representatividad es fundamental para la salud del sistema democrático y para su legitimidad, por lo que se deben realizar los esfuerzos necesarios para que el sistema electoral logre que todas las fuerzas políticas obtengan algún grado de representación parlamentaria.

            Otro de los problemas que se observan en el sistema binominal es que no existe una correcta proporcionalidad entre los votantes. Esto se debe a que la actual división de distritos y circunscripciones se realizó de acuerdo a una división regional y no en base al número de votantes, lo que produce, a modo de ejemplo, que el voto de un elector de la XI región –que tiene poco más de 57.000 electores- elija la misma cantidad de senadores (2) que una circunscripción de la región metropolitana –que tiene poco más que 1.500.000 electores. Bajo estas circunstancias, el voto del elector de la circunscripción de la XI región vale 27 más veces de lo que vale el del elector de la región metropolitana.[25]

            Al respecto, es importante resaltar la importancia de garantizar que el peso de cada voto logre ser equivalente, porque una mala configuración de distritos y circunscripciones puede producir un efecto distorsionador de la voluntad de los electores. Además, resulta importante realizar revisiones periódicas para actualizar el censo de manera de evitar que un distrito o circunscripción que haya perdido habitantes siga eligiendo al mismo número de escaños que otra que haya sufrido fuertes aumentos poblacionales.[26] En relación a la distribución incorrecta de escaños a determinadas circunscripciones, Arend Lijphart señala que “puede favorecer sistemáticamente a uno o más partidos, contribuyendo de esta forma a la desproporcionalidad”[27].

            Por otro lado, Vallès y Bosch señalan que “para asegurar una representatividad equiparable entre los electores de todos los distritos, debe existir en principio una relación de proporcionalidad entre el número de habitantes –en algún caso, de electores- y la magnitud o número de escaños de cada circunscripción”[28]. Al respecto, los autores enfatizan la importancia de este aspecto señalando que “a mayor representatividad –medida generalmente en proporcionalidad votos/escaños-, mayor igualdad de valor del voto de cada uno de los electores”[29].

            La falta de participación en los procesos electorales[30] es otra de las consecuencias que provoca el modelo electoral. Esto, según Arriagada, Duval y Pertuzé, se produce debido a que la exclusión de terceras fuerzas y la previsibilidad de la elección desincentivan a los chilenos en participar en los procesos electorales.[31]

            Para Vallès y Bosch, la participación electoral de los ciudadanos con derecho a voto constituye en cierto modo “una manifestación de aceptación del sistema”[32]. En relación a esto, María José Aubet afirma que la abstención demuestra la crisis de la democracia representativa y sostiene que el déficit de alternativas y la falta de representación serían algunas de las causas que originan este hecho.

Aun cuando no es el objetivo de este artículo encontrar un modelo para sustituir el actual sistema electoral, consideramos que existen los fundamentos necesarios para buscar una reforma que disminuya los efectos negativos que éste produce. Sin embargo, es pertinente resaltar que no existe un sistema electoral óptimo. Al respecto, Nohlen plantea que “sólo existen soluciones técnicas y políticamente más aceptables que otras para diferentes países diferentes, en épocas distintas, es decir, en relación a espacio y tiempo”.[33]

            Reconociendo que el sistema binominal resultó funcional y ayudó a consolidar el régimen democrático chileno, la falta de representación es un elemento que por sí solo sostiene la tesis de que se hace urgente lograr los acuerdos necesarios para que la voluntad del electorado se exprese de manera correcta en el parlamento y así se logre una democracia representativa que no pueda ser tachada de ilegítima a causa a su sistema electoral.

            En relación a la proporcionalidad, se puede observar que el modelo también presenta graves deficiencias que deben ser analizadas de manera seria y sin consideraciones políticas, ya que de otra forma, tal como plantea Nohlen, se estaría vulnerando el principio de igualdad del voto al “existir una gran diferencia entre el valor numérico y el de eficacia de los electores”.[34] Sobre este punto, es oportuno señalar que, dada la distribución de la poblacional chilena en la que más de la mitad de la población se concentra en la región metropolitana, es difícil determinar una proporción adecuada entre votos y escaños, sin que se produzcan un aumento exponencial de los representantes en las zonas más pobladas o fusiones de distritos que en la práctica harían imposible el trabajo en terreno de diputados y senadores por su gran extensión geográfica.

            En lo que se refiere a la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, concuerdo con los autores que señalan que el sistema electoral tiene gran responsabilidad en esto. Sin embargo, es pertinente agregar que el hecho de que uno deba inscribirse en los registros electorales para votar y luego esté obligado a hacerlo en todas las elecciones, no fomenta la participación de nuevos participantes al proceso eleccionario. El requisito de inscripción en los registros electorales se transforma así en una barrera de entrada que dificulta el acceso al proceso.

            Tomando en cuenta los aspectos que aquí se señalan, no existe una explicación que pueda fundamentar que los parlamentarios han actuado de acuerdo al bien común en lo que respecta a mantener el sistema actual. La única respuesta que se puede obtener, en relación al comportamiento de los legisladores, es que están actuando sólo conforme a su interés particular y que sólo intentan mantener sus cuotas de poder.

            Los proyectos que se presentaron en los años anteriores no fueron aprobados por la coalición opositora, la que fundamentó su rechazo en los beneficios que otorgaba el sistema negándole la posibilidad de representación a terceras fuerzas. En la actualidad existe un proyecto de ley despachado por el poder ejecutivo, que contaría con la aprobación de una parte de la oposición, con lo cual se podría obtener la mayoría suficiente para modificar el sistema binominal; sin embargo, la política siempre nos sorprende, más aun en años en que se celebran procesos electorales.

            Esta pequeña radiografía del mundo político chileno nos muestra cómo muchas veces el que dice tener vocación de servicio público, no hace otra cosa más que servirse a sí mismo.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Primarias:

• Constitución Política de la República de Chile.
• Diario La Nación en internet, www.lanacion.cl.
• Ley  Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N°18.700.

Fuentes Secundarias:

• ARRIAGADA, Genaro (2006), “Una reforma necesaria: Efectos del Sistema Binominal”, FLACSO, disponible en internet en:http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/2006/libro/026233.pdf.
• ARRIAGADA, Genaro (2005), “Autopsia  Sistema Binominal (I)” Informe n° 463 de Asuntos Públicos, p.3, http://www.asuntospublicos.ced.cl/buscarInforme.php.
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• NOHLEN, Dieter (1992), Los sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la reforma electoral, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid.
• LIJPHART, Arend (1995), Sistemas electorales y sistemas de partidos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
• RUBIO, José (1990), ¿Democracia o Representación? Poder y legitimidad en Rousseau, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
• VALENZUELA, J. Samuel (1997), “La Constitución de 1980 y el Inicio de la Redemocratización en Chile”, Working Paper 242, The Hellen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, pp. 27-37, disponible en internet en: http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/242.pdf.
• VALLÈS, Josep y Bosch, Agustín (1997), Sistemas electorales y gobierno representativo, Ariel, Barcelona.

[2] Vs. CARRILLO, Marc (2002), “Las hipotecas de la Constitución de Chile (I)”, Revista de Estudios Políticos n° 115, pp. 81-98, disponible en internet en: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_115_091.pdf.

[3] Vs. CARRILLO, M., ídem; VALENZUELA, J. Samuel (1997), “La Constitución de 1980 y el Inicio de la Redemocratización en Chile”, Working Paper 242, The Hellen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, pp. 27-37, disponible en internet en: http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/242.pdf.

[4] Vs. CARRILLO, M., op. cit. y VALENZUELA, J. S., ídem.

[5] Constitución Política de la República de Chile, Disposiciones Transitorias 13-29.

[6] Los senadores designados eran nueve y tenían las mismas características que los senadores elegidos mediante votación popular. Además, existía la figura del senador vitalicio, concedida a los ex presidentes de la república. Ambas figuras fueron eliminadas de la Constitución el año 2005.

[7] Vs. VALENZUELA, J. S., op. cit.

[8] La función principal de los concejales es fiscalizar la labor del alcalde y de los funcionarios de la comuna y aprobar la ejecución de actividades del ámbito comunal.

[9] En la elección de concejales del año 2008, todos los pactos que se presentaron a esta elección obtuvieron representación comunal. Fuente: Ministerio del Interior de la República de Chile, Resumen de Votaciones al 91.39% de mesas escrutadas, disponible en Diario La Nación en internet en: http://www.lanacion.cl/pdf/concejales_resumen_pais.pdf.

[10] La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 14, establece lo siguiente: “Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.”

[11] Ley  Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N°18.700, arts. 60 y 61.

[12] Constitución Política de la República de Chile, art. 46.

[13] Constitución Política de la República de Chile, art. 13: “Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”.

[14] Constitución Política de la República de Chile, arts. 47 y 48; Ley  Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N°18.700, art. 178.

[15] Constitución Política de la República de Chile, art. 52.

[16] Constitución Política de la República de Chile, arts. 49 y 50; Ley  Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios N°18.700, art. 180.

[17] Constitución Política de la República de Chile, art. 53.

[18] Vs. CAREY, John (2006), “Las Virtudes del Sistema Binominal”, Revista De Ciencia Política vol. 26, nº 1, pp. 226-235.

[19] En la elección de diputados del año 2005 en los distritos 9, 15, 18, 28 y 46, la lista compuesta por el Partido Comunista obtuvo un 12.12%, 16.22%, 12.32%, 19.23& y 21, 69%, respectivamente, sin lograr obtener ningún escaño. Vs. DUVAL, Tomás y Pertuzé, Cristián (2006), “Reforma al sistema Binominal: Hacia un sistema proporcional compensatorio y competitivo”, Revista Enfoques n° 5, pp. 141-162, p. 149, disponible en internet en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2508309&orden=0.

[20] Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de ARRIAGADA, Genaro (2006), “Una reforma necesaria: Efectos del Sistema Binominal”, FLACSO, p. 11, disponible en internet en: http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/2006/libro/026233.pdf.

[21] Vs. ARRIAGADA, Genaro (2005), “Autopsia  Sistema Binominal (I)” Informe n° 463 de Asuntos Públicos, p.3, http://www.asuntospublicos.ced.cl/buscarInforme.php.

[22] Vs. RUBIO, José (1990), ¿Democracia o Representación? Poder y legitimidad en Rousseau, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 64 y 134-139.

[23] VALLÈS, J. y Bosch, A., op. cit., p. 20.

[24] VALLÈS, J. y Bosch, A., op. cit., p. 173.

[25] ARRIAGADA, G., “Una reforma necesaria…”, op. cit., p. 17.

[26] Vs. AUBERT, María José (2000), Ciudadanía y representatividad: los sistemas electorales en Europa, Bellaterra, Barcelona, p.27.

[27] LIJPHART, Arend (1995), Sistemas electorales y sistemas de partidos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, p. 50.

[28] VALLÈS, J. y Bosch, A., op. cit., p. 122.

[29] VALLÈS, J. y Bosch, A., op. cit., p. 148.

[30]  En la última elección de diputados sólo participó un 63.1% de las personas que tenían la edad para sufragar. Vs. ARRIAGADA, G., “Una reforma necesaria…”, op. cit., p. 29.

[31] DUVAL, T. Pertuzé, C., op. cit., pp.141-142; ARRIAGADA, G., “Una reforma necesaria…”, op. cit., pp.28-29

[32] VALLÈS, J. y Bosch, A., op. cit., p. 175.

[33] NOHLEN, Dieter (1992), Los sistemas Electorales en América Latina y el debate sobre la reforma electoral, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, p.14.

[34] NOHLEN, D., ídem, p. 71.

El origen de esta crisis la encontramos en la cuna de nuestro actual sistema económico, en el país de la “libertad”, del “libre mercado”, donde se han formado todos nuestros gurús económicos.  Lo que sucedió dista mucho de lo que se enseña en cualquier aula universitaria: se les otorgaron créditos a personas que no tenían ni el patrimonio ni los ingresos para poder responder por los compromisos que contraían. Eran tiempos felices: todos podían comprar casas nuevas, se creaba un boom inmobiliario, el sistema bancario celebraba el aumento en sus colocaciones y así la burbuja se seguía llenando de aire. Aun cuando el resultado parecía previsible, nadie levantó la voz ni encendió las alarmas.

No pasó mucho tiempo para que este “sueño americano” se convirtiese en una horrible realidad mundial,  donde nadie puede calcular las consecuencias ni los alcances que tendrá este “error” del sistema financiero.

Para muchos, esta crisis no es más que una anécdota para comentar en su diario vivir; que el litro de bencina suba a $800, sólo significa que van a tener que  gastar $32.000 para cargar 40 litros en vez de los $28.000 que gastaban hace un mes. Puede que tengan algunos conocidos que dejen de viajar al extranjero y decidan vacacionar este verano en el sur de Chile. Éstos son los chilenos que salen en televisión, que se compran plasmas, autos nuevos y casas de veraneo en la playa.

Sin embargo, esta realidad representa a un porcentaje muy pequeño de nuestros compatriotas. La gran mayoría no tiene auto y más que preocuparse del tipo de cambio, se preocupa por el precio del kilo de pan, por conservar su trabajo y por pagar sus deudas que aumentan día a día por el alza de la tasa de interés y por la inflación.

Muchos no entienden la razón de que hoy la UF cueste casi $21.000 si antes costaba $17.000, y los ingeniosos ejecutivos bancarios que antes les recomendaban endeudarse en UF porque era mucho más “barato”, ahora les ofrecen repactar sus créditos a más años para que puedan pagar el dividendo y así paguen 3 ó 4 veces el monto que pidieron originalmente.

Ésta es la verdadera cara de la crisis, donde niños dejan sus estudios  para conseguir trabajos denigrantes, algunas personas delinquen para poder seguir alimentado a sus hijos y otras pierden sus casas por no poder seguir pagando esos generosos créditos que les dieron para comprarlas.

Los culpables están en lujosos condominios en Manhattan, porque en la tierra de la “libertad” se permite que altos ejecutivos retiren generosas sumas de dineros de bancos e instituciones a punto de quebrar, para que cuando éstos se declaren en quiebra y no puedan devolver los fondos de pequeños inversionistas, ellos puedan seguir con su calidad de vida sin tener que cambiar sus hábitos.

Todo parece ser contradictorio en estos días: quienes criticaban los modelos políticos en los que el Estado tenía gran relevancia, hoy hacen intentos desesperados para que este mismo intervenga y les salve de una debacle económica. La teoría de que el mercado lo regula todo por sí solo quedó totalmente obsoleta: hoy el estado puede nacionalizar a las empresas, puede intervenir en el mercado y, al parecer, sin él, el capitalismo perdería todo su valor.